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Las partes apelaron tal decisión sorteo de lotería nacional en directo y mediante auto del 14 de enero de 2008, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pasto concedió en efecto suspensivo el recurso de apelación.
Contestación de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto La magistrada de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Doctora Elsy Alcira Segura Díaz, dio respuesta a la demanda de tutela señalando que es improcedente.
Conforme a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia.
Contra la anterior decisión los siete demandantes presentan acción de tutela, por considerar que deja de lado las ordenanzas 010 y 011 de 2002 proferidas por la Asamblea de Nariño, y las sentencias que condenaron a la Empresa Licorera de Nariño, las cuales constituyen.001 del 13 de junio de 2002 16, en la que consta que el Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del departamento de Nariño, escuchó a los representantes de los ex trabajadores de la Licorera de Nariño, quienes solicitaron que sus acreencias.De este modo, la norma expresamente consagró la preeminencia de los derechos de los pensionados sobre el resto de los acreedores de las entidades territoriales.En todo caso, la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran.Obligación del Estado de hacer efectivas las decisiones judiciales en materia pensional, de acuerdo al bloque de constitucionalidad.La magistrada afirma que los accionantes cuentan con otros mecanismos de defensa, distintos de la tutela, para conseguir la inclusión de sus acreencias en el acta final de liquidación que dio término a la existencia de la Licorera de Nariño.Cuando este ineludible presupuesto no puede verificarse, la sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso.
En el caso de las empresas públicas del orden nacional, se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 489 de 1989 sic y en el caso de las empresas públicas que no sean del orden nacional, se dará aplicación.
Por consiguiente, la decisión controvertida es un auto interlocutorio, proferido en un proceso ejecutivo, que decidió confirmar el auto de primera instancia que se negó a librar mandamiento de pago en contra del departamento de Nariño.
En síntesis, el derecho a la administración de justicia no se agota con la adopción de una decisión de fondo en la que se protejan los derechos de las partes; esta garantía se extiende al cumplimiento de las decisiones y la garantía efectiva de los.
EL auto interlocutorio DEL tribunal superior DEL distrito judicial DE pasto DEL 21 DE abril DE 2012 incurriÓ EN UN defecto sustantivn violaciÓN directa DE laconstituciÓN.En consecuencia, piden que se ordene a la autoridad accionada proferir una nueva decisión en la que se libre mandamiento de pago contra el Fondo Territorial de Pensiones Públicas de Nariño, en cumplimiento de las sentencias judiciales que condenaron a la Licorera de Nariño, hoy.En efecto, se consagran distintos correctivos destinados a cubrir los pasivos pensionales de las entidades territoriales, los cuales deberán cumplirse en un término máximo de 30 años.Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.Adicionalmente, ordenó a Colpensiones informar a esta Corporación: (i) si la entidad tiene a su cargo el pago de una pensión a favor de cualquiera de los siete demandantes de esta tutela, y (ii) si la entidad ha tenido a su cargo el pago.En efecto, la aplicación armónica de los artículos 60 del CPC, y 11 y 12 de la Ordenanza.



En otras palabras, si la entidad departamental no es la obligada a efectuar el pago de tales acreencias, los demandantes verán cercenado su derecho a la administración de justicia en su dimensión de cumplimiento de los fallos, pues a falta del elemento de claridad.
Sentencia T-283/13, accion DE tutela contra providencias judiciales.
Estos instrumentos hacen parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, conforman el ordenamiento interno, en concordancia con el artículo 93 de la Constitución Política.

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